El coordinador de del Área de Discapacidad, Género, Diversidad y Nuevas Mayorías, Amilcar Infante, se refirió a la polémica resolución dictada por el gobierno nacional RESOL-2025-187-APN-DE#AND y al documento IF-2025-04598583-APN-DNAYAE#AND. La cual utiliza términos ofensivos y arcaicos para referirse a personas con discapacidad, como “retardos mentales”, “idiota”, “imbécil” o “débil mental”.
«Amilcar Infante coordinador de del Área de Discapacidad, Género, Diversidad y Nuevas Mayorías»
COMUNICADO DE PRENSA:
Desde el Área de Discapacidad, Género, Diversidad y Nuevas Mayorías, junto con la Secretaría de Desarrollo Social, expresamos nuestro más enérgico rechazo y repudio a la resolución RESOL-2025-187-APN-DE#AND, y el documento IF-2025-04598583-APN-DNAYAE#AND, debido a la utilización de clasificaciones ofensivas y arcaicas para referirse a personas con discapacidad, tales como “Retardos Mentales” y términos profundamente discriminatorios como “idiota”, “imbécil” o “débil mental”, con grados de “profundo”, “moderado” o “leve”.
El uso de esta terminología no solo es anacrónico y estigmatizante, sino que atenta de manera flagrante contra los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado internacional con jerarquía constitucional en nuestro país a través de la Ley 27.044. Esta resolución vulnera derechos humanos fundamentales y supone un grave retroceso en la construcción de una sociedad más inclusiva y respetuosa de la diversidad.
Resulta alarmante que instituciones nacionales como la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) validen y promuevan el uso de estos términos, contradiciendo los avances en materia de derechos humanos, accesibilidad e inclusión. Es imperativo que se rectifique esta situación con urgencia, adoptando un enfoque respetuoso y adecuado acorde a los principios de dignidad y autonomía de las personas con discapacidad.
Exhortamos a las autoridades competentes a derogar y corregir inmediatamente esta resolución, garantizando que el lenguaje y las prácticas institucionales reflejen un compromiso real con la inclusión y el respeto de los derechos de todas las personas.
